Desde el MITMA anuncian un momento único en forma de ayudas para estas obras, de la mano del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, entre otras vías. Mientras, las nuevas formas de habitar se van haciendo hueco y son valoradas tanto desde el ámbito público como desde el privado. El sector de la discapacidad reclama formar parte de esos planes de manera activa.

 

José Manuel González Huesa, director de cermi.es semanal y de Servimedia, y moderador de este conversatorio, comienza el encuentro haciendo una referencia a la pandemia, a una realidad que durante muchos meses mostró una cara oculta de la vida, sobre todo de cómo habitaban en estos tiempos difíciles las personas con discapacidad. Según Óscar Moral, presidente de CERMI Comunidad de Madrid, “la pandemia puso de manifiesto algunas evidencias, pero no eran nuevas”. Afirma además que hay un número muy importante de personas que no pueden utilizar los elementos comunes de la vivienda, es más, un número importante de ellos no pueden ni siquiera entrar y salir libremente de sus domicilios... “Una parte es propia de ellos, del interior de su vivienda, pero otra compete a la globalidad de propietarios y, en definitiva, a la sociedad en su conjunto; estas personas tienen las mismas obligaciones que el resto de copropietarios de la vivienda pero no tienen los mismos derechos”, denuncia.

 

Explica que en materia de propiedad horizontal ha habido sucesivas reformas y que la actual situación permite una franquicia de 12 mensualidades para que las obras sean obligatorias en la comunidad de propietarios, “y todo lo que supere esas 12 mensualidades se convierte en un problema de difícil solución, y lo que sucede es que la mayoría de las obras de gran envergadura, como son las instalaciones de ascensores o similares, quedan excluidas”. Es por eso que reclama un cambio de normativa y “ubicar las obras de accesibilidad en el mismo nivel que las de seguridad o estanqueidad, es decir, las que establece la Ley de propiedad horizontal como obligatorias para la comunidad de propietarios”. 

 

Con el proyecto de Ley de vivienda que se tramita actualmente surge una nueva oportunidad y el CERMI ha hecho una propuesta de modificación que incluye una “dotación presupuestaria para complementar las ayudas a los propietarios con menores recursos; es una cuestión de voluntad política que por el momento no hemos alcanzado en un asunto tan trascendente como este”, concluye Óscar Moral en su primera intervención.

 

Meritxell Caralt, secretaria técnica en Cocarmi, explica que en Cataluña no se rigen por la Ley de propiedad horizontal porque este ámbito viene regulado por el código civil catalán y la legislación de accesibilidad también tiene gran peso en esta comunidad autónoma, que pronto contará, además, con el código de accesibilidad, un desarrollo de la Ley de 2014 que incluirá un capítulo dedicado únicamente a la vivienda.

 

Apunta algunas cuestiones a tener en cuenta en el tema que aborda el conversatorio, como son la cadena de accesibilidad, es decir, todo lo que rodea a la vivienda en sí; la cuestión económica, que se agrava en el caso de las personas con discapacidad que soportan un sobrecoste generalizado en sus vidas, y la brecha digital en el acceso a la vivienda, por los problemas que impone la gestión de algunos trámites que se hacen de manera digital. Además, habla de los nuevos tipos de familia y sus formas de habitar; del reconocimiento de la capacidad jurídica y las personas con discapacidad que necesitan todavía de un tercero en una autorización, y de las políticas de fomento de las administraciones, que tienen un impacto importante en cómo vivimos. 

 

 

Daniel Aníbal García, secretario de Organización de Cocemfe, reclama también un cambio normativo, “porque si la norma no obliga, aunque haya fondos, no se ejecutan esos fondos” y asegura que “el derecho de la propiedad no es absoluto, es algo limitado y se puede limitar por otros derechos, como son los derechos de las personas con discapacidad”. 

 

Apuesta también por los nuevos urbanismos, las nuevas formas de vivir, en comunidad, pero no en un bloque de viviendas o en una vivienda unifamiliar, en formas como los cohousing, pero no solo esas, también nuevas formas, como los PAU; y habla de las nuevas ciudades, del nuevo entorno, que puede ser más inclusivo y hacer que nos olvidemos del ascensor. En todo caso, sigue siendo necesario “modificar la ciudad recibida al mismo tiempo que se construye una ciudad con nuevos urbanismos en la que la accesibilidad sea clave”.

 

Ignacio Osorio, director general de Predif, afirma que “no solo hablamos del derecho a la vivienda, sino a vivir de forma independiente y ser incluido en la comunidad; debemos tener la oportunidad de elegir dónde, cómo y con quién vivir... esto lo dicen infinidad de leyes, pero no está ocurriendo y al final, la falta de soluciones aboca a que las personas tengan que ser internadas, lo que llamamos la institucionalización”. 

 

Esta transición del modelo de residencia a un modelo individualizado y en comunidad supone una transformación en dos planos, uno exige que las viviendas sean accesibles, flexibles y diversas, y otro plano es la transformación en el modelo de los servicios y apoyos complementarios: “Tenemos que seguir avanzando en la superación de los modelos asistenciales, para promover otros más centrados en las personas, donde primen las preferencias y la elección de la persona; entre otros apoyos, en Predif promovemos la figura del asistente personal”, apunta Osorio, y considera que “quizás nos centramos en hablar de lo físico y no consideramos que hacen falta otros apoyos en estas formas nuevas de habitar”.

 

En cuanto al estudio de estas nuevas formas de habitar, el director de Predif lamenta que “los promotores antes construían en función del nivel adquisitivo, pero ahora se empieza a diseñar el urbanismo y las viviendas en función de las necesidades de las personas, pero como sabemos, nosotros no representamos al mercado, no somos lo que llaman un target comercial, por eso necesitamos a los poderes públicos para que diseñen políticas que contemplen nuestras necesidades”. 

 

 

Francisco Javier Martín, director general de Vivienda y Suelo, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, afirma que la accesibilidad es un “input intrínseco en la mayoría de las acciones, tanto privadas como públicas”, pero entiende que la regulación por sí misma no es suficiente: “De poco sirve establecer una regulación si no existen los recursos que sustentan esa regulación; nos hemos encontrado demasiadas veces con derechos regulados que no tienen una cobertura real”. Y asegura que “ahora tenemos más oportunidades que nunca en vías de financiación, tenemos el instrumento del Plan Estatal de Vivienda, existen recursos estatales que se pueden sumar a los autonómicos y a los locales; podría haber un volumen de ayuda de recursos públicos muy importante”. 

 

Explica, además, que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia recoge un planteamiento de rehabilitación integral en el que el ciudadano puede y debe incorporar actuaciones de accesibilidad y lamenta que hoy en día, “sigo encontrando actuaciones de barrio lideradas por comunidades autónomas o por empresas municipales de la vivienda que no contemplan el ascensor, la accesibilidad completa, escudándose a veces en que el entorno urbano ya es poco accesible”. Cree que, en muchos casos, “consiste en algo tan sencillo como explicárselo bien al ciudadano;”, y asegura que “las ayudas del plan estatal van a ser compatibles con las del plan de recuperación y esa compatibilidad de ayudas permite abordar cualquier obra de rehabilitación con accesibilidad completa y además se permite una ayuda social en el caso de las personas con menos recursos”. 

 

También relata los acuerdos que están alcanzando actualmente para que las entidades financieras colaboren con programas de financiación a la comunidad de propietarios y asegura que “se ha hecho también una modificación de la Ley de propiedad horizontal en ese sentido para que el crédito a las comunidades de propietarios tenga un carácter más preferente y para que esas comunidades puedan solicitar dichos créditos”. Concluye su primera intervención diciendo que “a veces se le pide a la ley lo que es gestión y lo que es financiación, y la ley no gestiona ni financia”. 

 

“Cierto, la regulación por sí misma no resuelve todo, pero es que no tenemos legislación correcta desde hace muchísimo tiempo y la legislación es necesaria también”, responde Óscar Moral, y añade, “si la normativa actual es suficiente con ayudas públicas, ¿dónde están las ayudas públicas suficientes?”. 

 

Valora el anuncio de grandes partidas que van a llegar, pero advierte de que “establecer criterios de franquicia única y exclusivamente para las obras de accesibilidad es muy llamativo”. Explica que desde CERMI no piden accesibilidad o ascensores para todos los casos, reclaman de manera urgente esa accesibilidad en las viviendas que ya existen y en las que viven personas con discapacidad o mayores de 70 años: “Lo que estamos pidiendo es lo urgente, lo vital, porque con todas estas disquisiciones, la vida de muchas personas pasa y pasa encerrado en sus domicilios”.

 

 

Daniel Aníbal García insiste en el derecho a vivir donde uno quiere y reclama más atención al ámbito rural, donde “los problemas se multiplican por el entorno, aunque los puede salvar esa red informal de apoyos, gente que te echa un cable”. En cualquier caso, considera oportuno atender la cuestión de la despoblación y la consiguiente pérdida de servicios, especialmente en el caso de las personas con discapacidad. Así lo entiende también Ignacio Osorio, quien asegura que “en el mundo rural se están perdiendo los apoyos, los servicios, que quizás están asociados al concepto de vivienda dispersa”. A su vez, reclama de nuevo la necesaria rehabilitación de la ciudad recibida, que “tenía que estar ya hecha desde el 3 de diciembre de 2017, y esto no ha pasado, pero hay que ponerse las pilas y buscar los elementos de gestión y de sanción, sanción a las propias administraciones por incumplimientos, porque son graves”. Finalmente, explica que “no entendemos que se pongan franquicias para llegar a un derecho, que es el derecho a vivir de forma independiente”. 

 

El director general de Vivienda y Suelo habla de recuperar ese vivir en comunidad y explica que los nuevos modelos de vivienda que buscan la desinstitucionalización, como los cohausing y similares, son los que demandan también los inversores que vienen a España buscando promociones inmobiliarias. Entiende también que “lo perfecto no es la franquicia o el condicionante económico, lo perfecto es que todos tengamos derecho a una vivienda y que sea accesible y ojalá pudiéramos ponerlo por ley, pero no podemos poner una ley que sea incumplible”. 

 

Apuesta por “hacer efectiva la regulación que ya tenemos porque puede ser muy potente si ponemos todos los instrumentos en juego” y comparte todo lo dicho en este conversatorio, pero añade: “Nuestra responsabilidad es hacer que las cosas pasen y, para eso, no vale con una Ley de propiedad horizontal, se necesitan instrumentos y no consentir ni transigir con las malas praxis”. Finaliza animando a “aprovechar el momento”, porque “nos hemos esforzado mucho desde el ministerio en hacer un diseño de ayudas que permitan incorporar todo y que sumar ayudas complementarias”. Por eso, “quien quiera abordar una obra de accesibilidad, incorporando además criterios energéticos, que no deja de ser otra forma de beneficiar a la calidad de vida de la gente, va a conseguir que esa obra sea financiada con las mismas ayudas, por lo tanto, con ayudas de hasta el 80% de la inversión, a las que se pueden sumar las otras y habrá ayudas sociales para que las personas que no puedan pagarlo tengan ayudas del 100%”.